La cartografía imaginaria parece ser un vicio muy extendido en política. Diseñar el mapa de la nación soñada, que reintegre a la madre patria a aquellos territorios casi siempre arrebatados por la perfidia del vecino es una tarea a la que se dedican con fruición numerosos nacionalismos tanto de estado como periféricos (no todos ni mucho menos, claro está), siendo casi siempre la víctima propiciatoria de este afán expansionista aquellos países vecinos en proceso de crisis y/o malgobierno. Ese es el caso en el que se encuentra Asturies actualmente desde que determinados sectores del galleguismo se lanzaron por la senda del imperialismo enano. Y no estamos hablando de un discurso exclusivo del movimiento nacionalista, sino que la creencia en una Galicia usurpada en tierra asturiana forma parte del imaginario político de buena parte de la clase política gallega, que da por cierta la afirmación de que los territorios entre el Navia y el Eo formaron parte de Galicia hasta 1833.

De todos es sabido que lo que somos y nos atrevemos a soñar con ser está generalmente condicionado por lo que fuimos o creemos que fuimos. La percepción que tenemos del pasado es un elemento fundamental a la hora de configurar el presente político. Por eso los debates historiográficos levantan pasiones políticas, y la enseñanza de la Historia es un caballo de batalla permanente entre partidos. La inclusión o no del término nación para definir a determinados territorios es una buena prueba de ello. Pero en todo debate historiográfico o político debe prevalecer siempre el rigor, y no es aceptable usar argumentos trucados, retorcidos o simplemente falsos para justificar una postura determinada.

¿Hasta qué punto tienen base histórica las pretensiones irredentistas del galleguismo con respecto al territorio asturiano? Hasta ninguno, cabe decir. En primer lugar, es radicalmente falso que la comarca del Navia-Eo (por aquel entonces toda ella concejo de Castropol) no formara parte de Asturies. Ahí están las actas de la Junta General del Principado para demostrarlo, ya que desde su constitución hasta su disolución en 1834 el concejo de Castropol tuvo sus diputados en la misma. Quizás parte de la confusión interesada venga por la no distinción por parte de quien así argumenta entre fronteras políticas (las del Principado de Asturias con el Reino de Galicia, que así se llamaban durante el Antiguo Régimen) y fronteras eclesiásticas (las de la diócesis ovetense con sus vecinas). En este último caso, hay que decir que estas fueron mucho más cambiantes que las políticas, pero que de llevarnos por ellas habría que concluir que el resultado sería el inverso al deseado por quienes azuzan el irredentismo galleguista, ya que la diócesis de Uviéu se extendió por territorios bastante más extensos de los que forman la Asturies actual, tanto por León como por la actual Cantabria y Lugo. En lo que respecta a la Asturies política, no eclesiástica, ya el testamento de Alfonso II (siglo IX) menciona el río Eo como límite occidental de la misma.

Lo que pasó en el primer tercio del siglo XIX, hasta la división provincial de Javier de Burgos en 1833, fue un baile continuo de fronteras administrativas, que no llegaron a ponerse en práctica, fruto del afán centralizador y homogeneizador del proyecto nacionalista del liberalismo español. En 1810 el gobierno de José I Bonaparte diseñaba un nuevo mapa hispánico liquidando los límites de los viejos reinos y principados y creando 38 prefecturas y 111 subprefecturas. Era una clara importación del modelo napoleónico y sustituía los viejos criterios históricos por los naturales, ya que el criterio de división territorial y denominación de las nuevas unidades se basaba en los cursos y cuencas fluviales. Así, según este diseño Asturies pasaba a ser la Prefectura del Cabo de Peñas, con capital en Uviéu, y con el concejo de Castropol integrado en la Prefectura del Alto Miño (y no Galicia, que, como tal, dejaba de existir, ya que era dividida en cuatro prefecturas todas ellas dependientes directamente del poder central), aunque el decreto final (R.D. 4-V-1810) optó por dar a las nuevas prefecturas el nombre de sus capitales, por lo que Asturies quedó en Prefectura de Oviedo. Este modelo, con su imagen racional y su carácter revolucionario, fue inspiración directa para los constituyentes de Cádiz.

Así, la Constitución española de 1812 planteaba también una nueva organización territorial inspirada en el modelo francés y basada en dos instituciones básicas, Ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Sobre esa base, en 1813 llegaría a presentarse un proyecto de división del país en cuarenta y cuatro provincias que no llegó a debatirse por falta de tiempo. En ella, las provincias pasaban a tener el mismo nombre que su capital, y con ello Asturies pasaba a ser la provincia de Oviedo, que veía también modificados sus límites, ya que el concejo de Castropol pasaba a integrarse en la provincia de Lugo.

La aplicación real de estos dos proyectos no fue tal. En el caso de la de José I, porque tuvo que aplicarse en un país en guerra donde el control efectivo del territorio por parte de las tropas francesas fue variable y incompleto, y en el de las Cortes de Cádiz, porque antes de ser aprobado definitivamente, en mayo de 1814, Fernando VII firmaba el decreto que derogaba la Constitución de Cádiz y toda su obra legislativa, con lo que quedaba restaurada toda la organización territorial y administrativa anterior a 1808. Por lo tanto, las tierras de Navia-Eo no llegaron nunca a integrarse ni en Galicia ni en sus fragmentos, por mucho que pretendan hacernos creer lo contrario. Es más, entre 1810 y 1811 Castropol ofició como capital de Asturies, en tanto que sede de la Junta General, ya que la mitad oriental del país estaba en manos francesas.

No fue ese el último diseño de fronteras hasta 1833. Con el golpe militar que tuvo en el asturiano Rafael del Riego su figura más famosa, Fernando VII se vio obligado a aceptar la Constitución de Cádiz, inaugurando así el trienio liberal (1820-23). Las nuevas Cortes retomaron el trabajo de desarrollar legalmente el texto constitucional y después de debatir en 1821 el proyecto elaborado por Bauzá y Larramendi, con el Real Decreto del 27 de enero de 1822 entraba en vigor una nueva división territorial, integrada por cincuenta y dos provincias, todas ellas con el nombre de su capital. Asturies volvía a ser la provincia de Oviedo, como en el proyecto de 1813, pero con Castropol dentro.

Pero tampoco la división provincial de 1822 duraría mucho. En 1823 se producía la intervención militar de la Santa Alianza para restaurar la monarquía absoluta en España. Los 100.000 hijos de San Luis enviados por Luis XVIII de Francia ocuparon el país y Fernando VII, otra vez rey absoluto, volvía a derribar como en 1814 toda la obra legislativa acorde cola Constitución de 1812. Aún así, la idea de la reestructuración territorial siguió circulando: entre 1825 y 1829 van a funcionar varias comisiones que irán diseñando un nuevo mapa territorial básicamente igual al que en el Real Decreto del 30 de noviembre de 1833, muerto ya Fernando VII, pasará a la Historia como la división provincial de Javier de Burgos, ministro de Fomento desde unos meses antes. Asturies volvía a ser la provincia de Oviedo, y incorporaba a su territorio, ya de forma definitiva, los concejos de las Peñamelleras y Ribedeva, pertenecientes en ese momento a la provincia de Santander. Galicia dejaba de existir formalmente y se convertía en las cuatro provincias que conocemos hoy en día.

Esta es, básicamente, toda la historia. En todo caso, conviene señalar que usar argumentos historicistas para pretender reivindicaciones territoriales es, aparte de falaz, peligroso: las fronteras van y vienen, y dependiendo de la fecha que usemos como referencia, el resultado pude ser muy variable. El nacionalismo gallego podrá entender que parte de Asturies o de León debieran formar parte de Galicia, pero eso no debe basarse en datos historicistas, por lo demás fácilmente reversibles aún en el caso de que fueran ciertos, que no lo son, sino única y exclusivamente en la voluntad de los habitantes de los territorios reivindicados. Cierto es que la propuesta estatutaria del BNG que tanto revuelo causa menciona explícitamente esa condición, la voluntad de los afectados (faltaría más, cabe decir) pero no deja de ser curioso que aparte de ello se siga recurriendo a esa Historia falsificada, organicista y esencialoide que tanto gusta a ciertos nacionalismos, empezando por el nacionalismo de estado.

Asturies no debe caer en ese error. Podemos decir, sin caer en el esencialismo, que es la nuestra una comunidad política (aparte de histórica, lingüística, cultural y económica) de las más antiguas de Europa. Lo es porque es un producto histórico, qué duda cabe, pero sobre todo y fundamentalmente porque esa es la voluntad de sus habitantes. Somos asturianos porque queremos serlo. Los asturianos de Navia-Eo lo son tanto como los demás, fundamentalmente porque esa es su voluntad. Esa es la base de la democracia, y esa es la base del asturianismo cívico, republicano y no etnicista que propugnamos desde Izquierda Asturiana (IAS). El conocimiento de nuestro pasado colectivo, tantas veces manoseado para convertirnos en el tarro de las esencias del nacionalismo español más mohoso, es fundamental para que no nos den gato por liebre. Sobra decir que defender esta postura no es hacer antigalleguismo: a nadie benefician estas polémicas absurdas, y menos al asturianismo político, pero al César lo que es del César y a Asturies lo que es de Asturies.

Artículu publicáu en La Nueva España
el 9 de xineru de 2006